‘Es urgente replantear la lucha contra la violencia sexual’

Una adolescente es secuestrada en su aldea de Iraq y será vendida o entregada a los combatientes del Estado Islámico de Iraq y el Levante (Eiil) como esclava sexual. En un centro de detención de la República Árabe Siria, un hombre sufre una agresión sexual como castigo por sus afiliaciones políticas, presuntas o reales. En Sudán del Sur, una mujer debe elegir entre alimentar a su familia o sufrir el ataque de hombres armados mientras intenta recoger la cosecha. En Bosnia, una mujer debe pasar por el sitio en el que fue violada a diario durante la guerra que se libró en el país hace 20 años. Tal es la realidad que viven mujeres, niños y hombres de todo el mundo que se ven amenazados por la violencia sexual en los conflictos.

El año pasado, se registraron importantes progresos en la lucha contra las agresiones sexuales relacionadas con los conflictos. En junio de 2014, la Cumbre Mundial para Poner Fin a la Violencia Sexual en los Conflictos, celebrada en Londres, reunió a miles de encargados de la formulación de políticas, investigadores, agentes de la sociedad civil y supervivientes que renovaron sus compromisos de erradicar esta violación de los derechos humanos. Los países que se ven confrontados al problema de la violencia sexual relacionada con los conflictos han adquirido algunos compromisos importantes; por ejemplo, la República Democrática del Congo ha nombrado un representante presidencial sobre la Violencia Sexual en los Conflictos y el Reclutamiento de Niños, y Colombia se ha asegurado de que los supervivientes de estas agresiones ocupen un lugar destacado en el proceso de negociación de un acuerdo de paz para poner fin a decenios de larga guerra civil en el país.

Sin embargo, lamentablemente, los éxitos cosechados el año pasado vinieron acompañados de nuevos y terribles desafíos. En abril, el grupo extremista violento Boko Haram ocupó las portadas de los periódicos con su secuestro de 276 chicas estudiantes en un internado de Nigeria y su maltrato de las mujeres y las niñas como creencia central de su doctrina. En agosto del 2014, el Estado Islámico de Iraq y el Levante (Eiil) empezó a atacar a las mujeres yazidíes en Iraq septentrional, capturando a cientos de ellas y sometiéndolas a la esclavitud sexual. Las horrendas historias que empezaron a conocerse a través de las jóvenes que lograron escapar dibujaban un panorama de salvajismo y brutalidad inconcebibles, hasta tal punto que algunas jóvenes prefirieron suicidarse antes que vivir presas del Eiil.
Estos grupos extremistas violentos son, si cabe, más temibles debido a la organización y la sofisticación que utilizan para subyugar y maltratar a las mujeres en las zonas que se encuentran bajo su control. Las utilizan como premio para recompensar a los combatientes y, seguidamente, difunden estos delitos en los medios sociales para atraer nuevos reclutas.

Su utilización de la tecnología del siglo XXI da mayor resonancia a sus opiniones y ayuda a divulgar sus mensajes medievales a un público mundial.

Un arma de guerra

El informe de las Naciones Unidas de este año sobre la violencia sexual en los conflictos documenta que delitos horrendos como este se cometen en los conflictos de todo el mundo. En él se describe la inquietante evolución de la violencia sexual contra las adolescentes, en particular la violación, la esclavitud sexual y el matrimonio forzoso.

El informe constata que se utiliza la violencia sexual para perseguir a las minorías étnicas y religiosas y agredir a las personas sobre la base de su orientación sexual real o percibida. Describe la mayor vulnerabilidad de las poblaciones de desplazados y refugiados al abuso sexual. Asimismo, detalla el estigma y la vergüenza que impiden que mujeres, hombres y niños denuncien las agresiones de las que han sido víctimas y expone la falta de servicios y apoyo disponibles para los supervivientes que encuentran la fuerza para hablar sobre lo que han sufrido. El informe enumera 43 grupos armados sobre los que recaen sospechas fundadas de haber cometido estos delitos, entre los que se incluyen fuerzas estatales, grupos de la oposición y grupos extremistas violentos.

El estudio expone en detalle la macabra brutalidad a la que se enfrenta en la lucha para acabar con el uso de la violación como arma de guerra, pero también sirve como hoja de ruta para hallar soluciones. Insistiendo en la importancia de desarrollar la capacidad de los sistemas de justicia civil y militar, el informe subraya la necesidad de adoptar medidas más amplias para fortalecer las salvaguardias institucionales contra la impunidad.

Por ejemplo, el año pasado, en los países abarcados por el informe, se acusó, enjuició y condenó a oficiales militares y agentes de policía, algunos de ellos de alto rango, por cargos de violencia sexual relacionada con los conflictos.

El texto también destaca la necesidad de que la violencia sexual forme parte de las negociaciones de alto el fuego y de paz y de que se excluya de la amnistía a los autores. Pide que se desplieguen más mujeres miembros del personal de mantenimiento de la paz en los contextos de conflicto y que se incremente la participación de las mujeres en todos los procesos de mantenimiento y consolidación de la paz.

Las soluciones pasan por responder a la urgente necesidad de aumentar los servicios y el apoyo médicos, psicosociales, jurídicos y económicos para los supervivientes con el fin de ayudarlos a reconstruir sus vidas. Para evitar que tales atrocidades vuelvan a producirse, es preciso adoptar sistemas de alerta temprana nacionales y regionales que den la voz de alarma ante el recrudecimiento de la violencia sexual.

Los logros del año pasado han puesto de relieve que, con voluntad política y medidas sostenidas, podemos invertir el curso de la violencia sexual en los conflictos. A pesar de estos progresos, la comunidad internacional debe renovar su compromiso y ejercer una mayor presión para no perder el terreno conquistado y para hacer frente a las exigencias que plantean las amenazas nuevas y emergentes.

Los autores de actos de violencia sexual en los conflictos son adversarios implacables cuyos delitos pueden adoptar numerosas formas y exigen una respuesta amplia.

Debemos redoblar los esfuerzos para acabar con la impunidad de los autores, garantizar la justicia y las reparaciones de las víctimas y fortalecer el Estado de derecho hasta que las personas inocentes dejen de estar expuestas a esta amenaza.

Los desafíos son enormes, pero están en juego las vidas de miles de personas de todo el mundo, así como la paz y la seguridad futuras de nuestra comunidad mundial. Perder esta lucha no es una opción viable.

ZAINAB BANGURA
Activista social y excanciller de Sierra Leona, es secretaria general adjunta de la ONU y representante especial del Secretario General sobre la violencia sexual en los conflictos.
Especial para EL TIEMPO

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