La tragedia de los comunes

África Occidental se enfrenta a una batalla que determinará los medios de vida de millones y la conservación del patrimonio marino global. Amparados tras un complejo entramado de dificultades técnicas, debilidades institucionales y omisiones políticas, las actividades de pesca ilegal y no reportada de operadores privados y públicos plantea para las comunidades afectadas insoportables costes directos y una masiva perdida de oportunidades. Tomen el caso de Sierra Leona. En este país ahogado por la pobreza y recuperándose todavía de la crisis del ébola, la pesca supone cerca del 10% de la economía nacional, ofrece empleo a más de 240.000 personas (muchas de ellas pescadores artesanales y mujeres) y proporciona casi dos tercios del consumo proteínico nacional. Pero algunas estimaciones sugieren que las capturas ilegales de operadores extranjeros suponen más del 25% de las capturas totales, lo que priva al país de recursos esenciales para su desarrollo.

Como si se tratase de un fenómeno sísmico, la pesca ilegal y no reportada provoca en el continente africano un efecto dominó en forma de empleos perdidos, alimentos robados, recursos fiscales volatilizados y crecimiento económico lastrado. Con siete millones de empleos solo en las regiones central y occidental de África, la pesca ocupa un lugar crítico en las frágiles estrategias de desarrollo de algunos de los países más pobres del planeta, como Mauritania, Guinea Conakry, Costa de Marfil, Angola o Senegal. Las prácticas abusivas o no autorizadas han sido fuente constante de conflicto entre los operadores ilegales (provenientes de países asiáticos y europeos, en su mayoría) y los pescadores locales, además de alimentar los vínculos con otros negocios ilegales. El Golfo de Guinea, por ejemplo, fue identificado por el Consejo Europeo en 2015 como un punto caliente de la piratería en el mar, lo que desencadenó un plan de respuesta por parte de las autoridades internacionales.

Para los países y comunidades afectadas, los efectos de la extracción pesquera ilegal son el equivalente a un monumental robo a mano armada. De acuerdo con las estimaciones de la FAO, África recibe cada año unos 400 millones de dólares en forma de compensaciones por cuotas pesqueras cedidas a operadores extranjeros; pero estos ingresos podrían multiplicarse por ocho (hasta los 3.300 millones de dólares) si la pesca fuese capturada y exportada por flotas nacionales. Una investigación más reciente —publicada esta semana por el Overseas Development Institute y la Fundación porCausa que utiliza datos no conocidos hasta ahora— estima que la región de África Occidental podría estar perdiendo 306.000 puestos de trabajo como consecuencia de esta situación. El control por parte de los operadores nacionales (artesanales e industriales) de la pesca ahora en manos de inversores extranjeros incrementaría un 10% la mano de obra en este sector (incluyendo 90.000 puestos para mujeres) y fortalecería los vínculos entre el empleo, la protección de los medios de vida y la seguridad alimentaria de las familias.

La debilidad estructural de las instituciones locales que deberían ejercer el control en origen solo es comparable al doble rasero con el que los países más poderosos hacen frente a este problema. Mientras los gobiernos de las principales naciones comercializadores de pescado destinan cada año a este sector 27.000 millones de dólares en forma de subsidios directos y exenciones fiscales, el conjunto de África Occidental recibió en 2013 71 millones de dólares en forma de cooperación para reforzar la gobernabilidad y productividad del sector, más de la mitad de los cuáles se quedaron en un solo país (Angola).

El fin de los recursos pesqueros globales y de las comunidades que los sostienen constituye lo que se denomina la tragedia de los comunes, un proceso autodestructivo en el que los intereses de las partes acaban devorando el interés común. África Occidental es uno de los epicentros de esta tragedia. La pesca ilegal y no reportada que se produce en la región juega un papel necesario en la sobreexplotación catastrófica de los recursos marinos y la desaparición de algunas especies. Por grande que sea el esfuerzo de los gobiernos africanos, solo la implicación activa de la comunidad internacional permitirá cambiar de rumbo. Dicho de otro modo, ayudar a poner fin al abuso en serie al que se somete a las comunidades pesqueras de estos países no es otra cosa que actuar en beneficio propio.

Fuente: Planeta Futuro

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