Un test de embarazo para poder matricularte en el colegio

Mauricia Nchama López tenía 16 años y estudiaba en el Centro Bisila de Bata, en Guinea Ecuatorial. Falleció el pasado mes de enero cuando, al saber que estaba embarazada, intentó abortar de manera clandestina. La adolescente tenía miedo de ser expulsada del instituto después de que el Gobierno ecuatoguineano aprobara una orden ministerial en julio por la que prohibía la presencia de chicas gestantes en los centros educativos. De esta manera, Guinea Ecuatorial sigue los pasos de Sierra Leona, país que en 2015 también aprobó una medida idéntica que sigue vigente en la actualidad. Antes, las menores embarazadas eran estigmatizadas por la sociedad; ahora, además, se ven expulsadas por decreto del sistema educativo con la supuesta justificación de que son una “influencia negativa” para las demás.

La orden ministerial, que entró en vigor en el curso 2016-2017, “obliga a las estudiantes a hacerse el test de embarazo para poder matricularse en los centros de Guinea Ecuatorial y permite la expulsión del centro educativo a las alumnas embarazadas”, según asegura el líder opositor ecuatoguineano Andrés Esono, muy crítico con esta medida que califica de “discriminatoria, anticonstitucional y machista”. De hecho, ha explicado mediante una carta pública que en septiembre pasado escribió una carta a varios ministerios, entre ellos los de Educación e Igualdad, advirtiéndoles de las consecuencias que podía tener la aplicación de este decreto, como los peligrosos abortos clandestinos, sin obtener ninguna respuesta.

Guinea Ecuatorial no es el primer país africano que prohíbe a las jóvenes embarazadas asistir a clase. En abril de 2015 Sierra Leona aprobó un decreto similar. Entonces, el mundo se felicitaba por la reapertura de las aulas tras la devastadora epidemia de Ébola que provocó miles de muertos en este país africano. Sin embargo, el Ministerio de Educación decidió vetar a las chicas que estaban encinta porque “existe una probabilidad muy alta de que las chicas más jóvenes se queden embarazadas si comparten el espacio con quienes ya lo están”, según asegura el decreto, que también afirma que el estado de gestación “impacta negativamente en su capacidad para concentrarse y participar en clase, expone a las chicas a ser ridiculizadas por sus compañeras, socava los estándares éticos necesarios en nuestras instituciones educativas y, en fin, compromete la calidad de la Educación”.

Desde que se aprobó esta normativa, numerosos organismos internacionales han ejercido una enorme presión para tratar de hacer entrar en razón al Gobierno sierraleonés. Sin éxito hasta ahora. “En este país siempre ha estado socialmente mal visto que vayas a la escuela si te quedas embarazada”, asegura Marta Colomer, encargada de campañas de Amnistía Internacional (AI) en África Occidental, “pero el decreto lo convierte en norma legal. No sólo es discriminatorio, sino que revictimiza a niñas en situación de total vulnerabilidad que sufren una suerte de castigo ejemplificador. Se entiende la educación como un premio y no como un derecho”.

“Me siento fatal cuando veo a mis amigas pasando de curso. Ahora tengo que repetir el año que viene”, aseguró a AI en noviembre una chica sierraleonense de 17 años. Repetir curso si consigue volver, porque dos de cada tres fracasan en el intento cuando ya tienen que hacerse cargo de un bebé. Amie, una adolescente, manifestó que “me quedé encinta y me prohibieron ir a la escuela. Es injusto, me han quitado la posibilidad de tener un futuro”. Sierra Leona, donde el 72 por ciento de la población vive en la extrema pobreza, tiene unas tasas de alfabetización femenina bajísimas y un elevado porcentaje de embarazos precoces. La mitad de las chicas entre 15 y 24 años no saben leer ni escribir y una de cada cuatro de entre 15 y 19 años ya tiene hijos o está embarazada.

Gracias a las presiones de organismos de Derechos Humanos como Amnistía Internacional, el Gobierno sierraleonés aceptó crear un sistema de educación alternativo. “Unas 14.500 chicas embarazadas fueron autorizadas a recibir clase en aulas aparte o fuera del horario lectivo, para que no se mezclaran con las demás. Sin embargo no sólo estamos ante una medida segregatoria para niñas malas sino que los contenidos eran bajísimos, se impartían solo unas horas y tres días a la semana”, asegura Colomer. Pese a sus deficiencias, el sistema alternativo, financiado por las agencias de cooperación británica e irlandesa y puesto en marcha con el apoyo de Unicef, se ha renovado este año.

Durante la crisis del Ébola en 2014 y 2015 se dispararon los casos ya de por sí altos de embarazos adolescentes, lo que también se usó como excusa para implementar la medida. El incremento se debió a la suspensión del curso escolar y las cuarentenas, lo que provocó que muchas chicas permanecieran en sus hogares todo el día expuestas a todo tipo de abusos y a la crisis económica derivada de la epidemia que forzó a muchas jóvenes a intercambiar sexo por bienes materiales. “Está ligado a la pobreza y la falta de recursos, muchas veces quienes las dejan embarazadas son el de la tienda, el transportista que las lleva, el joven que las ayuda a sacar el agua del pozo. Lo hacen por necesidad, la mayoría no tiene ni idea de sexo y muchas se sorprenden al verse embarazadas”, añade Colomer. En Sierra Leona no existe educación sexual en los colegios y los anticonceptivos son desconocidos para la mayoría.

Fuente: elpais.com

Anuncios