
- Acelerar en los tiempos. En 2016 decíamos que un acuerdo global como este necesitaba al menos 1.000 días para echar a andar. Casi seis años después de la aprobación de los ODS, nuestro país no ha terminado de construir el andamiaje básico para su implementación, con una estrategia recién aprobada y una gobernanza que da sus primeros pasos con recursos limitados y sin procedimientos del todo definidos.
- Más ambición en las respuestas. La Agenda 2030 debe orientar el proyecto de país a largo plazo. Tiene que ser la hoja de ruta para la reconstrucción tras la pandemia, reforzando desde la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible el cumplimiento de los derechos humanos y la lucha contra la emergencia climática. Sin embargo, las medidas que se enuncian para acelerar las transiciones ecosociales necesarias no están a la altura de los retos identificados.
- Más coherencia de políticas. Como constatamos en el Foro Estratégico de la Sociedad Civil, la Estrategia de Desarrollo Sostenible corre el riesgo de verse opacada por otros procesos de planificación y prospectiva a los que el Gobierno está dando mayor visibilidad, como la Estrategia Nacional de Largo Plazo España 2050. Y también necesitamos mayor coherencia territorial, armonizando objetivos de los distintos niveles competenciales bajo el enfoque estratégico común que marca la Agenda 2030. ¿Les parece lógico, por ejemplo, que la proliferación de macrohuertos solares y megaparques de aerogeneradores estén atentando contra la biodiversidad y las medidas que pretenden revertir el vaciamiento demográfico?
- Medir correctamente. Si no sabemos si avanzamos o retrocedemos, no podremos establecer medidas correctivas durante el trayecto. Y para hacer este análisis seguimos necesitando completar un sistema de revisión y seguimiento capaz de medir los elementos más innovadores que introduce la Agenda 2030. Por otra parte, es urgente huir de la miopía del producto interno bruto (PIB) como medida para el desarrollo, ya que su tendencia a considerar positivo el crecimiento continuo es incompatible con los límites planetarios y con el concepto de desarrollo sostenible. Es hora de incorporar métricas complementarias y adicionales como la huella ecológica o el índice de bienestar humano.
Y volvemos a insistir en la necesidad de metas claras y ambiciosas en temas clave como la lucha contra la desigualdad, la reforma de la política fiscal para hacerla más justa, el refuerzo del sistema de protección social desde el enfoque de derechos, la creación del sistema de cuidados que todas y todos necesitamos, el fin de la desigualdad de género, la mejora de nuestra huella ecológica, la preservación del espacio cívico y de participación ciudadana, una mayor coherencia de políticas internas pero también en la dimensión global del desarrollo sostenible para un mejor impacto en el mundo, o la garantía de derechos para las personas migrantes.
Todas estas preocupaciones las desarrollamos en el posicionamiento que hemos elaborado con motivo de este Examen Nacional Voluntario sobre la implementación española de la Agenda 2030, en el que también hacemos recomendaciones a futuro desde la sociedad civil para seguir trabajando en la década que nos queda.
La localización de la Agenda 2030 no será realmente transformadora si no se realiza desde la urgencia de la emergencia climática con una perspectiva de derechos, de transversalización del enfoque de género y desde la interconexión de todos los ODS con los distintos retos que afronta nuestro país. Aunque seguirán siendo necesarias nuevas medidas para avanzar, la aplicación de las que proponemos supondrán un auténtico paso de gigante. Si logramos que se pongan en marcha quizá la próxima vez escribamos: “Gracias por tener ambición”.
Ana Barrero, presidenta de AIPAZ, Andrés Amayuelas, secretario de Amycos y Laura Viladevall, técnica de incidencia política en Creación Positiva. Todos son integrantes del grupo motor de Futuro en Común.
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