
Al inicio de este proceso, La Coordinadora presentó su posición que, bajo la propuesta de las llamadas “7C de la Cooperación” demandaba una política feminista, ecologista, que fuera capaz de responder a las emergencias y violencias, que fomentara la coherencia de políticas, promover la ciudadanía global, poner en valor la cooperación descentralizada e impulsar la innovación y el aprendizaje constante.
Avances importantes dados con esta ley:
- Se compromete con el incremento progresivo de la ayuda oficial al desarrollo para alcanzar, al menos, el 0,7% en 2030, lo que supone casi triplicar la actual.
- Se abre a la promoción de la coherencia de políticas y al análisis de sus impactos internacionales.
- Incluye los enfoques feministas y ecologistas en sus intervenciones.
- Reconoce la importancia de la educación para la ciudadanía global.
- Fortalece y facilita las articulaciones con la cooperación descentralizada.
- Se alinea nítidamente con la Agenda 2030 y los compromisos multilaterales.
- Plantea la integración de la cooperación financiera en el conjunto del sistema de cooperación alineándose a sus objetivos, estándares y formas de operar.
- Reconoce a la sociedad civil como actor fundamental y normaliza su contribución en espacios de consulta, decisión y ejecución.
- Facilitar la burocracia de los procesos de subvenciones.
- Reconoce las particularidades de la acción humanitaria, flexibiliza la territorialización de su intervención y compromete al menos un 10% del presupuesto para ello.
- Muestra una especial atención y sensibilidad por la infancia, la niñez y la adolescencia como sujetos de cooperación y transformación.
- Se compromete con una reforma en profundidad de la AECID, colocándola en el centro del sistema de cooperación y fortaleciendo sus capacidades.
- Refuerza las herramientas de planificación, seguimiento y evaluación de las políticas e intervenciones de la cooperación.
- Incluye a la sociedad civil local en los procesos de elaboración de los Marcos de Asociación País.
- Anuncia un mayor reconocimiento de las personas cooperantes y una mejora de sus condiciones laborales, o la de sus voluntariados.
La Ley establece, además, la aprobación de reglamentos que son determinantes para impulsar la reforma del sistema de cooperación. El VI Plan Director de la Cooperación Española, actualmente en proceso de elaboración, es el primer ejercicio de planificación de la reforma que deberá concretar el contenido de la Ley en prioridades, líneas de acción y un presupuesto que se acerque al 0,7% de Ayuda Oficial al Desarrollo para 2030.
Fuente: coordinadoraongd.org